La muerte del abogado

Con la seguridad de estar cumpliendo un beneficio a la humanidad y ser algún día considerado un verdadero héroe, un paladín de la justicia o al menos un filántropo de consideración,  asesiné a un abogado.

El hecho ocurrió hace unos años y ahora, después de un lustro de proceso penal estoy en libertad y al no existir autoridad competente para juzgarme he quedado sin proceso. 

Cuando me entregué a la policía expliqué con detalles de cómo terminé con la esmirriada vida del abogado. Perplejo el hombre tuvo que encerrarme, aunque con el pasar del los días comenzó a sentir simpatía por mí y hasta reconoció que mis argumentos defensivos serían válidos. ¿Con que ley van a juzgarme? pregunté al fiscal de turno. Y luego ¿qué título universitario lo avala para cubrir el cargo de fiscal?. Al contestarme que la ley era el Código Penal y el Código Procesal Penal y que su título era de abogado, inmediatamente impugné la legalidad de la ley y la competencia del fiscal, al comprenderle las generales de la ley. Yo maté al abogado por ser abogado, no por otra cuestión, por lo tanto no podría acusarme otro abogado y mucho menos ser juzgado por un ley elaborada en el Congreso, lugar infectado de abogados.

                Al Juez le expliqué que al asesinar al abogado quería demostrarle al mundo que era posible. Que si bien todos los países y los organismos internacionales están formados por abogados, al igual que las leyes y hasta las normas de conducta, se podía asesinar a uno, por qué al fin y al cabo también mueren, salvo honrosas excepciones. Descalificado el proceso, la ley , el Juez y los Camaristas, un auxiliar de cuarta del Juzgado se hizo cargo de la causa, el tipo no era abogado, y propuso designar a un tribunal civil y popular sin abogados y realizar un proceso sui géneris. Así se hizo, pero cuando solicité un defensor nadie quiso hacerse cargo. Solamente conseguí que me defendiera un buen abogado penalista, que bajo irrefutables ardides sacó ventaja sobre el improvisado tribunal. Quedé libre por poca plata.

                La semana pasada un electricista, miembro del tribunal que me juzgara asesinó al abogado que me defendió. Mientras tanto he formado un grupo de estudio para analizar la posibilidad de continuar con este tipo de mecanismos. Nos hemos propuesto, además de asesinar abogados, mutilar odontólogos, desterrar agentes inmobiliarios, desacreditar vendedores de autos (aunque estos se desacreditan solos), hemos enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear un impuesto especial para los Contadores Públicos Nacionales que puedan entender aquellos que no son contadores. Otras actividades del grupo nos llevaron a obligar a los cocineros de restaurantes a comerse su comida, a los agentes de turismo a viajar en sus propios ómnibus. Pero una de las tareas más fáciles fue controlar a los inspectores municipales y denunciarlos por transgresiones de tránsito.

Anoche me enteré que Walter Poli , un flamante miembro del grupo, decidió cambiar el tipo de inodoro que instalaría en su próxima casa. Previamente asesinó, por su cuenta, a un arquitecto.